Todo menos celebración. Este viernes 27 de junio se conmemora el Día Nacional del Periodista en Venezuela, que para este año 2025 se ha visto marcado por la represión, la censura, y, a su vez, por la búsqueda de sobrevivir a una coyuntura política, social y económica muy hostil.
Por La Patilla
Las diferentes organizaciones que se encargan de defender a los representantes de esta profesión han denunciado cómo ha mermado el ejercicio del periodismo por las constantes violaciones a la libertad de expresión.
Ser periodista en Venezuela es enfrentar una serie de desafíos que limitan la capacidad para trabajar de manera libre y segura. Según estadísticas emitidas por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), en lo que va de año se han registrado al menos 16 detenciones a periodistas o comunicadores sociales y 72 agresiones, que incluyen técnicas de amedrentamiento e intimidación. Esta cifra ha venido en aumento desde mediados del 2024, año donde se registraron al menos 300 casos de ataques a representantes de la prensa, según el CNP.
Estas organizaciones, en las que también se incluyen al Sindicato de Trabajadores de la Prensa (Sntp) y el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), coinciden que los ataques se recrudecieron después del 28 de julio de 2024, luego de la cuestionada elección presidencial que dio ganador a Nicolás Maduro, que no contó con la transparencia ni las garantías mínimas para ser considerada democrática.
Asimismo, estas OMG aseguran que toda cobertura o pensamiento crítico es considerado un delito, sin contar con garantías judiciales. Muchas de las acusaciones contra los periodistas suelen ser no tener mucho fundamento legal, y siempre están ligadas con la «instigación al odio» o «terrorismo». Además de las detenciones o desapariciones forzadas, se han documentado otras formas de agresión como violencia durante protestas, allanamientos, cancelaciones de pasaportes, extorsión, obstrucción de la cobertura noticiosa y estigmatización por parte de autoridades públicas.
Uno de los casos emblemáticos incluye a Rory Branker, editor de La Patilla, detenido el 20 de febrero del año en curso.
Hacer periodismo en Venezuela también se ha visto sometido a leyes represivas como la contra el Ley contra el Fascismo, Ley contra el Odio, la Ley Simón Bolívar, todas aprobadas en años recientes por la Asamblea controlada por el oficialismo. Aquí se aplican sanciones como multas desproporcionadas o penas de entre 12 y 30 años de prisión, los mismos cargos judiciales que se aplican a las personas implicadas en casos de homicidio.
Y el amedrentamiento contra la prensa no finaliza allí. La desaparición de ediciones en papel de un centenar de periódicos en todo el país, el cierre de más de 200 emisoras de radio y el bloqueo a los contenidos informativos en Internet, que afectan gravemente a los medios digitales no oficialistas, son parte de la política sistemática de represión.
Este entorno hostil coloca al país entre los peores de la región para ejercer el periodismo. Según la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), Venezuela ocupa el puesto 160 en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2025, cuatro puestos por debajo de como estaba en 2024. El país ocupa el antepenúltimo lugar en América Latina, solo por encima de Cuba (165) y Nicaragua (172).
Libertad de expresión: el principal enemigo
En el contexto generalizado, el ataque a la libertad de expresión e información es el principal foco de represión. Pensar y opinar distinto no son bien vistos por las autoridades y organismos represivos, lo que es característico de los regímenes autoritarios.
De acuerdo a la organización gubernamental Espacio Público, en Venezuela se registraron al menos 619 violaciones a la libertad de expresión en 2024, un incremento del 61% respecto a las 384 reportadas en 2023. Entre estos ataques, no solo se encuentran representantes de la prensa, sino también info-ciudadanos, integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) que defienden los derechos humanos y dirigentes de los diferentes partidos políticos de oposición de Venezuela.
En el contexto de las elecciones presidenciales del año pasado, cuando se recrudeció el ataque a la libertad de expresión, se registraron numerosos casos de detenciones arbitrarias, amenazas, intimidación y allanamientos.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, basadas en registros locales y propios, denunciaron el uso de tácticas represivas por parte del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la detención de más de 1.600 personas, entre ellas adolescentes y periodistas.
No obstante, aunque la coyuntura nacional contra los periodistas se ha recrudecido exponencialmente, organizaciones como el Sntp han resaltado la importancia de la prensa como piedra angular para la libertad de expresión. Ya que ejercer el periodismo es “ejercer el derecho a expresarse, a investigar y a opinar”, para garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada. “Es importante tener derecho a conocer lo que ocurre en su entorno, a tener acceso a datos y conocer decisiones que afectan su vida”, publicó el Sindicato de Trabajadores de la Prensa en un comunicado.