Una tercera parte de los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Colombia ha salvado el voto frente a las solicitudes de extradición a Venezuela. En esta instancia cobran fuerza los argumentos sobre el riesgo que implicaría dejar a los capturados en manos del régimen de Nicolás Maduro, señalado internacionalmente por graves violaciones a los derechos humanos.
Según la información publicada por el diario colombiano El Tiempo, en noviembre pasado, el magistrado Gerardo Barbosa Castillo lanzó el primer campanazo con un duro salvamento de voto.
“Si una persona reclamada en extradición por la República Bolivariana de Venezuela debe ser investigada y/o juzgada, Colombia puede hacerlo conforme a su legislación, sin dejarla en manos de un régimen fundadamente desconfiable en términos de respeto a los derechos humanos”, argumentó, al oponerse al concepto favorable que dieron sus colegas para la extradición del exsubintendente de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Ernesto González, requerido por los delitos de secuestro agravado con muerte en cautiverio, uso indebido de arma orgánica y asociación para delinquir agravada.
Barbosa aseguró que el aval del gobierno colombiano pondría en riesgo la vida del exmilitar. Basado en las alertas de organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la CIDH y la Corte Penal Internacional, que han advertido sobre el autoritarismo de Nicolás Maduro, pidió “adoptar medidas que garanticen la integridad de las personas solicitadas en extradición” por el vecino país.
En abril pasado, el caso del colombiano Édgar Alonso Valencia Quesada requerido por los Juzgados 31 y 37 de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de Caracas por su presunta responsabilidad en el homicidio de un empresario venezolano y por dirigir una red de estafa con falsas inversiones bursátiles— reabrió el debate en la Sala.
Aunque en la decisión se estableció como condición exigir al gobierno Venezolano garantías para el procesado en materia de seguridad jurídica y atención médica debido a su trastorno de ansiedad, los magistrados Castillo, Urbano y Solórzano volvieron a salvar el voto, poniendo a consideración de la Sala precedentes jurídicos para el análisis de futuras solicitudes.
«Existe la posibilidad de que Colombia investigue y juzgue al requerido bajo sus leyes nacionales. Por lo tanto, el concepto sobre la extradición debería ser desfavorable, para que así, y con el fin de evitar cualquier impunidad respecto a la conducta que motiva el pedido de extradición, sean las autoridades colombianas quienes, dentro de sus competencias y autonomía, ejerzan su función constitucional y legal frente a la presunta comisión de hechos delictivos atribuidos al nacional venezolano», afirmó el magistrado Solórzano.
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