La administración Trump instó a un juez federal a no proseguir con la repatriación de presuntos miembros de una banda venezolana que fueron deportados a una famosa prisión de El Salvador, alegando que Estados Unidos carece de autoridad para conseguir la liberación de estos hombres.
Por Bloomberg
Los abogados del Departamento de Justicia afirmaron en un escrito judicial presentado el miércoles por la noche que «ahora se ha demostrado de forma definitiva» que El Salvador no es «indiferente» a la detención de los presos y que no los liberaría «por una simple solicitud de Estados Unidos».
El escrito se presenta una semana después de que el juez federal James Boasberg, en Washington, dijera que está sopesando si tiene la facultad de ordenar a la administración Trump que solicite la devolución de más de 100 venezolanos deportados en marzo en virtud de una ley de guerra invocada solo tres veces en la historia de Estados Unidos. Es el primer juez que se plantea la espinosa cuestión de cómo se puede repatriar a los deportados.
El presidente Donald Trump dijo hace dos semanas durante una entrevista en ABC News que «podría» garantizar el regreso de Kilmar Abrego García, el hombre de Maryland que, según el Gobierno, fue enviado por error a la prisión de El Salvador, con una simple llamada telefónica al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Trump añadió: «Y si fuera el caballero que ustedes dicen que es, lo haría».
Citando documentos sellados, los abogados del Gobierno argumentaron que seguir debatiendo el regreso de los migrantes deportados es inútil y que cualquier intento de indagar «entre bastidores en un acuerdo diplomático entre Estados Unidos y El Salvador es improcedente».
Pidieron a Boasberg que denegara las solicitudes de información de los abogados de los migrantes, alegando que una «expedición de pesca» en documentos confidenciales del poder ejecutivo es inapropiada.
La disputa se refiere a una proclamación de Trump, emitida pocas horas antes de las deportaciones, en la que acusaba a los miembros de la banda Tren de Aragua de «invasión» o «incursión depredadora». Trump afirmó que la banda lleva a cabo una guerra irregular que beneficia al presidente venezolano Nicolás Maduro y que sus miembros son terroristas que utilizan el tráfico de drogas como arma contra los ciudadanos estadounidenses.
Muchos de los detenidos afirman que no son miembros de pandillas y sostienen que Trump no puede deportarlos invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. El Tribunal Supremo no ha resuelto si el uso de esa ley por parte de Trump es legal. Jueces federales de Nueva York, Texas y Colorado han bloqueado recientemente su uso, mientras que un juez de Pensilvania ha dictaminado esta semana que las medidas del Gobierno están en su mayor parte «en consonancia» con el marco legal de la ley.
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