La expansión del crimen organizado en Hispanoamérica se ha convertido en una amenaza estructural con implicaciones cada vez más globales. Esta peligrosa tendencia no solo afecta la seguridad ciudadana y la estabilidad política de la región, sino que también tiene consecuencias económicas directas e indirectas para Europa y, especialmente, para España.
Por Julio Borges | El Debate
Los factores que alimentan esta expansión son bien conocidos: instituciones débiles, corrupción sistémica y una economía marcada por la informalidad. Sin embargo, en los últimos años se ha dado un salto cualitativo: ya no se trata solo de criminalidad aislada, sino de redes perfectamente organizadas que buscan no únicamente enriquecerse, sino también influir en las decisiones políticas y capturar el aparato del Estado.
Intentan condicionar la formulación de políticas públicas para blindar sus operaciones
El narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y otras economías ilícitas no solo generan violencia extrema, sino que intentan condicionar la formulación de políticas públicas para blindar sus operaciones. Estos grupos, cuando no son directamente parte del poder, logran corromper a autoridades judiciales, policías, militares e incluso organismos electorales.
El caso de Ecuador
La evidencia de esta tendencia es cada vez más preocupante. Ecuador, por ejemplo, ha vivido una explosión de violencia sin precedentes: su tasa de homicidios se disparó de 5,7 por cada 100.000 habitantes en 2018 a un escalofriante 45,1 en 2023. En Brasil, la región amazónica ha superado el promedio nacional de homicidios (22,8) alcanzando una tasa de 34 por cada 100.000, impulsada por bandas armadas que disputan el control de los recursos naturales y las rutas ilegales.
En México, la situación alcanza ribetes de guerra. En el último ciclo electoral se registraron más de 129 actos de violencia contra funcionarios y candidatos, incluidos 102 asesinatos, en su mayoría en regiones clave para el narcotráfico. El crimen organizado no solo intimida: participa activamente en los procesos políticos, decide quién vive, quién se postula y quién obedece.
Perú tampoco escapa a esta lógica. Allí, la inseguridad ciudadana es considerada el principal problema por el 50 % de los encuestados a nivel nacional, y por un alarmante 77 % en Lima (IEP, marzo de 2025). La tasa de homicidios aumentó un 35,9 % entre 2023 y 2024, siendo enero de 2025 el mes más violento desde 2020. La minería ilegal y las mafias organizadas están detrás del repunte de la criminalidad.
El uso creciente de tecnologías avanzadas por parte del crimen organizado
Una novedad inquietante es el uso creciente de tecnologías avanzadas por parte del crimen organizado. Organizaciones criminales hispanoamericanas están comenzando a aplicar inteligencia artificial para multiplicar sus beneficios: crean deepfakes para extorsionar, optimizan estafas financieras con bots, diseñan correos de phishing altamente personalizados e instalan malware de nueva generación.
Todo este panorama erosiona peligrosamente la calidad democrática. La pérdida de confianza en las instituciones lleva a amplios sectores de la población a respaldar salidas autoritarias que prometen restaurar el orden a cualquier precio. De este modo, el crimen organizado no solo debilita las democracias: favorece su reemplazo por regímenes iliberales que garantizan impunidad, represión y control, mientras conservan una fachada electoral.
El impacto sobre la economía es igual de destructivo. La inseguridad obliga al sector privado a gastar sumas cada vez mayores en medidas de protección, lo que encarece los costos operativos y reduce la competitividad. Las extorsiones, los bloqueos logísticos, la corrupción generalizada y la intervención en mercados clave —como la minería o el transporte— desincentivan la inversión, dificultan la planificación y rompen cadenas de suministro. El crimen no solo mata: paraliza.
El régimen de Nicolás Maduro representa uno de los casos más alarmantes y peligrosos
En este escenario, el régimen de Nicolás Maduro representa uno de los casos más alarmantes y peligrosos. Venezuela se ha convertido en una auténtica fábrica de crimen organizado. Su estructura estatal ha sido colonizada por redes dedicadas al narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas, la corrupción institucional y la represión sistemática de derechos humanos. No se trata de un Estado débil: se trata de un Estado que opera como organización criminal con cobertura diplomática. El Cartel de los Soles, vinculado directamente con altos mandos militares, ha convertido al país en una plataforma de distribución de cocaína hacia el Caribe, África y Europa. Y los vínculos con actores como Irán, Rusia o Cuba fortalecen una red internacional que no solo amenaza a los venezolanos, sino a toda Hispanoamérica.
España no está ajena a esta amenaza. Las rutas marítimas y aéreas, la afinidad cultural, y la permeabilidad financiera hacen de nuestro país un destino lógico para estas redes. Por eso, lo que hoy ocurre en Guayaquil, en Caracas o en Ciudad Juárez no debe mirarse con distancia o condescendencia. Es un espejo, un aviso.
La batalla contra el crimen organizado en Hispanoamérica no es solo una cuestión regional: es una causa estratégica para Europa. Defender la legalidad, la institucionalidad y la seguridad allá es una forma de proteger a España. Ignorar esta realidad, minimizarla o tratarla como un asunto lejano sería un error con consecuencias potencialmente trágicas