En lugar de un modelo de pirámide jerárquica que sitúa al Poder Ejecutivo Nacional y sus dependencias en la cúspide, con el Presidente de la República a la cabeza y el sector económico-empresarial en la base, este análisis presenta un modelo de dos pirámides separadas.
Por un lado, se encuentra la rama del Estado, liderada por el ejecutivo nacional. Por otro lado, la rama empresarial, que abarca desde la producción primaria de materias primas hasta la industria y el comercio. Sin embargo, es crucial reconocer que el componente económico opera dentro de un marco legal que define sus límites y actividades.
Específicamente en la industria farmacéutica, las limitaciones no se reducen al marco legal constitucional general, sino que se extienden a la normativa farmacéutica y a las regulaciones específicas de los medicamentos.
Precisamente por esta complejidad regulatoria, no existe una vía explícita de intermediación para muchos procesos fuera del estricto cumplimiento de las leyes y normas emitidas por el Estado venezolano, las cuales deben ser acatadas por toda la industria farmacéutica, incluyendo la cadena de comercialización.
Este artículo aboga por una recomposición a mediano plazo, de la intermediación política cuyo eje reside en instituciones bisagras: la Asamblea Nacional (Parlamento) y las organizaciones gremiales. Esta intermediación facilita un intercambio dinámico de información y decisiones, promoviendo un funcionamiento ágil, productivo y beneficioso, especialmente crucial para el sector salud y, por ende, para los venezolanos.
Si bien el ejecutivo nacional intentó negociar directamente con los representantes empresariales, ofreciendo garantías y ventajas para la producción nacional, esta acción dejó a la industria farmacéutica sin herramientas de defensa ni margen de maniobra frente a una estructura de poder que, a través de la figura del «motor farmacéutico», busca dirigir la visión y los objetivos de las empresas más allá de su misión de salud y producción de medicamentos.
Este tipo de medidas, activadas mediante decretos de emergencia, impactan tanto a empresas venezolanas como aquellas domiciliadas en el país, incluyendo filiales de transnacionales. Esto ocurre en un contexto donde las empresas farmacéuticas transnacionales abandonaron la producción local y solo recientemente han retomado la comercialización a través de representantes venezolanos exclusivos.
Como se evidencia, una vez que la industria farmacéutica pierde la intermediación con el poder central en un entorno de inflación, devaluación, problemas de transporte, desregulación, competencia desleal y proliferación de medicamentos de calidad subestándar, los problemas financieros previamente visibles se agudizan, llevando a un intento tardío de restitución de garantías desde el centro del poder nacional.
Las empresas farmacéuticas se encuentran irremediablemente sin respuesta, ya que sus voceros naturales (gremios industriales y profesionales) han perdido capacidad de diálogo, porque se ha disuelto el marco legal y por lo tanto la acción política. Esto conlleva a la pérdida de autonomía de la industria farmacéutica y cadena de comercialización, quedando a merced del control del ejecutivo nacional especialmente de sus intenciones y preferencias.